lunes, 1 de septiembre de 2014

La derecha cuando gobierna, gobierna de verdad

Cuando la izquierda  llega al poder en España lo hace con pies de plomo y con gran cautela. Buena parte de su programa se lo deja en la mochila, para no molestar a determinados poderes fácticos. Sirvan algunos ejemplos. En los mítines de las campañas electorales hablan y alardean de laicismo, pero no tienen agallas para denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, no vaya a ser que las jerarquías católicas puedan molestarse. Igualmente declaran ser por activa, pasiva y perifrástica republicanos de espíritu, pero cuando tienen ocasión de demostrarlo se achican, aduciendo razones del consenso constitucional. Esto me recuerda a aquél que se declaraba vegetariano, pero seguía comiendo carne porque era amigo del carnicero. Hablan de implantar un impuesto progresivo y de perseguir el fraude fiscal, mas luego dicen que rebajar impuestos, incluido el de patrimonio, es de izquierdas, y perdonan a banqueros,  todo sea para no molestar al gran capital. Ponen en marcha una timorata Ley de la Memoria Histórica, sin embargo permiten que todavía estén esparcidos por las cunetas 125.000 españoles, muchos de ellos socialistas, por no molestar a determinados sectores vinculados con el todavía vigente franquismo sociológico. De ahí su casi generalizado regocijo con el apartamiento de Garzón de la carrera judicial.  Se llenan la boca de agua defendiendo lo público, y luego conceden subvenciones a colegios confesionales, a los que luego no pocos socialistas llevan a sus hijos, como el exministro Pepe Blanco. ¡Viva la coherencia! Podríamos poner muchos más ejemplos de esta política timorata y acongojada de las izquierdas cuando llegan al poder. No es el caso de la derecha, ésta cuando llega al poder, si tiene la mayoría absoluta, entra en tromba, como un elefante en una cacharrería. Va a por todas. No tiene miramiento alguno. Ejecuta su programa máximo. Veámoslo. La iniciativa de modificar LO 2/2010, sobre la salud reproductiva de las mujeres, que reguló el derecho a las mujeres sobre su propio cuerpo y abrió la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, al nivel del resto de los países de nuestro entorno. El nuevo proyecto de ley pretende volver a la situación anterior a 1985, primera regulación de constitucionalidad que lo despenalizaba. El actual proyecto de ley de seguridad ciudadana. Una reforma laboral que retrotrae a los trabajadores a mitad del XIX. Y sobre todo el ataque brutal al Estado de bienestar, que, con la excusa de su insostenibilidad, privatizan los servicios de educación, sanidad, asistencia social o cualquier otro sector público que pueda generar beneficios al sector privado, aunque este proceso lo denominan externalización. La derecha además de robarnos la cartera nos roba hasta el diccionario.
Quiero detenerme en la privatización de la sanidad pública, un gran negocio para la iniciativa privada. En el ámbito sanitario  la Comunidad de Madrid  ha sido el laboratorio de experimentación de las políticas neoliberales de los populares, aunque el primero fue el  modelo Alcira.   Varios hospitales públicos fueron construidos en tiempos de Esperanza Aguirre desde el sector privado por constructoras, inmobiliarias, empresas de gestión sanitaria, que mantienen su propiedad durante tres décadas, recibiendo un canon anual de la Administración en concepto de alquiler,  y también se encargan de gestionar toda o parte de su actividad. Cuando las concesiones venzan, revertirán a la Administración. Hoy casi uno de cada tres hospitales públicos madrileños es de gestión privada, total o parcialmente. Hay dos modelos. En el PFI (private finance initiative) la empresa concesionaria se encarga de todo menos de la parte sanitaria. Sus médicos son funcionarios. Además de gestionar cocinas, lavanderías, laboratorios, alta tecnología, explotan restaurantes, tiendas, parking, etc. En el modelo PPP (partenariado público-privado), toda la gestión es de las empresas. También es cierto que este proceso se ha paralizado en la Comunidad de Madrid por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La privatización de la sanidad pública, es el capitalismo puro y duro, que aplica su ley sagrada: obtención de beneficios por el medio que sea. Todo es lógico. Como el capitalismo es extraordinariamente voraz e insaciable, ha visto el negocio en los servicios públicos del Estado del bienestar, cada vez más demandados, considerados ya como derechos. Hay capitales abundantes y más en un momento de crisis, con unos mercados cautivos y muy prometedores. Además las políticas de privatización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Al  universalizarse estos servicios, aparecen quejas al no poder ser atendidas todas las demandas por los recortes, con listas de espera en el sector sanitario, y así se propicia una disposición creciente hacia la oferta privada. Esta circunstancia me parece gravísima, ya que el pacto social suscrito entre la ciudadanía y el Estado para proporcionar a todos unos servicios básicos, este último lo ha roto unilateralmente  al haber transferido mediante  subcontratas a agentes paraestatales la prestación de estos servicios, sin que hayan sido consultados  los ciudadanos.  
A los populares no se les puede acusar de incoherentes, ya que nunca han defendido lo público, argumentando que lo privado es más eficiente. Mas,  la investigación científica y la propia OMS corrobora que la sanidad pública es más equitativa (con financiación suficiente finalista), eficiente (impulsando la atención primaria) y  de más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera). Otra cosa es cuando se recortan recursos humanos y materiales  con el objetivo planificado de dañarla por parte de aquellos dirigentes que deberían defenderla. No sé como calificar la circunstancia de destrozar la sanidad pública, con un reconocimiento a nivel internacional, y siendo uno de los pilares básicos que vertebra nuestra sociedad. Como mínimo es puro sadismo. Está en nuestras manos el impedir que consigan sus espurios objetivos. Si les dejamos hacer, es probable que en un futuro no muy lejano nos veamos obligados a contar a nuestros nietos: hubo un día que los españoles dispusimos de uno de los mejores servicios de sanidad pública del mundo.
Repito ellos van a lo suyo. No les tiembla el pulso. Todavía más, están crecidos. Ahora mismo, en la Comunidad Autónoma de Aragón el gobierno de Luisa Fernanda Rudi. Según el blog CierzoyNiebla, ubicado  en Híjar, en una población cercana a la de Alcañiz, desde hace tiempo la población del Bajo Aragón, que incluye zonas de la provincia de Zaragoza y Teruel, pide la construcción de un nuevo hospital en Alcañiz, porque el existente se ha quedado pequeño y poco funcional. La responsabilidad de este centro hospitalario corresponde al Servicio Aragonés de Salud, y la DGA ya dispone de un proyecto para construirlo. Se va a realizar mediante “concesión de obra pública”.  Lo que quiere decir que lo construirá una empresa privada (concesionaria) a cambio de que la Administración (el Gobierno de Aragón) le pague por utilizarlo y le ceda la gestión de algunos servicios del hospital. Así, dentro de la tramitación, el día 6 de junio, en el Boletín Oficial de la Aragón, se anunció el “estudio de viabilidad económico-financiera de la concesión de obra pública para la construcción y explotación del nuevo Hospital de Alcañiz”, y se sometió a información pública para que se puedan “formular sugerencias, observaciones y alegaciones” en el plazo de un mes.
Según el estudio de viabilidad los plazos son: periodo de construcción 2,5 años: puesta en marcha: 0,5 años; periodo de explotación: 25 años, iniciándose en enero de 2018 y finalizando en diciembre de 2042.
Inversión inicial (Edificio y urbanización): 96,3 millones de euros.
Servicios privatizados, por los que la Administración pagará: Limpieza, Lavandería, Seguridad, Gestión de residuos, Transporte interno y externo, Conservación de viales y jardines, Desinsectación y desratización, Gestión Auxiliar, Restauración, Mantenimiento, Esterilización, Gestión de almacenes y distribución, Gestión de personal administrativo, Centralita telefónica. Servicios comerciales que la concesionaria explotará: Aparcamiento, Cafetería, Máquinas expendedoras, Televisión.
El Gobierno de Aragón no comenzará a pagar el canon establecido –17,9 millones de euros al año– hasta el 2018 y terminará en el 2042, por lo que  en los 25 años la Administración habrá pagado por los servicios privatizados y por la utilización del hospital 561,1 millones de euros (podría aumentar esa cantidad si hubiera modificados). Hay que tener en cuenta que estas cantidades son en euros de 2014 y que se irá revisando su valor a lo largo de los años. En las valoraciones están previstos los costes del personal, pero sólo una parte porque otra parte será a cargo de la Administración que reubicará a los trabajadores. Además cuando se jubilen los trabajadores actuales, la empresa se encargará de suplir esas vacantes y de pagarles. Para la empresa supone una rentabilidad media del 8,85 %, en todo el periodo de la concesión.
Como conclusión, el futuro hospital de Alcañiz costará a las arcas del Gobierno de Aragón entre 5 y 6 veces más de lo que suele desembolsar la Administración en la construcción de este tipo de centros.  Según el Servicio Aragonés de Salud la concesión de la obra a una empresa privada, encargada de la construcción y explotación del centro, es la única vía posible para acometer la construcción de un centro cuyo coste no podían asumir las maltrechas arcas del Ejecutivo autonómico. “Se hacía así o no se podía hacer”, insisten fuentes de la Administración.
Si algo caracteriza a la derecha española es la hipocresía. Nos están machacando, para justificar sus políticas con el sonsonete de la “herencia recibida”. Pues ahora,  parece que les importa poco dejar una herencia hasta el año 2042 a todos los aragoneses, hipotecando nuestro futuro. Por cierto, el consejero de Sanidad, Sr. Olivan que dirige esta gestión, además de incrementar las listas de espera sanitarias, sin que los aragoneses podamos conocerlas, cierra plantas de hospitales y centros de atención de urgencia y reduce las plantillas de personal sanitario, sin que le tiemble el pulso. Y por ello, por los méritos contraídos, lo que no deja de ser surrelaista, este consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, recibió poco ha de la mano de la ministra de Sanidad, Ana Mato, un galardón concedido por la compañía editorial Sanitaria 2000 al consejero “más relevante” del año. El acto, que se celebró en el Museo del Traje de Madrid en el marco de la Cena de Verano de la Sanidad Española, encumbró a Oliván como el gran triunfador de la décima edición de los premios a la Administración sanitaria. Alucinante.

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