Gervasio Sanchez (Enviado Especial) Kabul (Afganistán)
El Ministerio de Defensa envío un mensaje oficial a la base de
Qala-e-now, capital de la provincia de Bagdis, donde está desplegada la
agrupación militar española, por el que se ordenaba comunicar a los
traductores afganos que “si querían beneficiarse de un plan de acogida y
ser contratados en la base de Herat tenían que retirar su solicitud de
asilo presentada ante la embajada española en Afganistán”.
El traductor, cuya casa había sido destruida por los talibanes a
mediados de agosto, se negó a firmar este documento después de
consultarlo con su familia y decidió continuar con el procedimiento de
petición de asilo.
Horas después, el traductor fue citado ante cuatro militares para
levantar un acta oficial por la que se certificaba que se le había
trasladado la orden llegada del Ministerio de Defensa que él había
rechazadoEl acta fue firmada por un teniente coronel, un comandante, un
capitán auditor y un brigada y su objetivo era demostrar a sus jefes en
Madrid que la orden había sido cumplida.
El traductor grabó toda la conversación que duró unos 40 minutos.
Ocurrió el miércoles 18 de septiembre a partir de las 16,15 minutos de
la tarde.
Uno de los militares le dice al traductor: “Este acta es la prueba
de que se te ha informado de que si quieres beneficiarte del plan de
acogida tienes que renunciar a la solicitud de asilo”.
El traductor les insiste que no puede firmar el documento porque si
lo hace “me estoy cortando el cuello con mis manos ya que me tengo que
quedar en Afganistán bajo la amenaza de los talibanes”.
En la grabación se dirige siempre con un respetuoso “mi comandante”
a uno de los militares. “Han quemado mi casa y no tengo más que tres
mantas. No puedo regresar a mi pueblo porque está controlado por los
insurgentes y ellos saben que estoy trabajando con vosotros”, les
explica el traductor. Su esposa, su madre discapacitada y sus dos
hermanos pequeños se han tenido que refugiar en Herat tras el ataque
talibán.
Los militares insisten en que su labor es “hacer de cartero” y que
no pueden cambiar la orden llegada desde Madrid. “Aunque no lo parezca
también es complicado y duro para nosotros. No sabemos la respuesta a
vuestras preguntas y dudas”, le comenta uno de los militares.
El traductor les recuerda que desde marzo de 2010 ha trabajado
siempre en Moqur, Darr-e-bum y Ludina, en primera línea de combate en
territorio enemigo. “Dos balas me atravesaron el pantalón. Otra impactó
en mi chaleco antibalas. Y muy cerca explotó un artefacto que me hirió”,
les explica.
Los militares no están a gusto durante la conversación. Uno de los
oficiales le confiesa que “si estuviera en nuestra mano os ayudaríamos”.
Y le recuerda que “os hemos ayudado cuando hemos podido. Pero esta vez
la decisión no es mía, ni del brigada, ni siquiera del coronel. No es
nuestra”. El traductor le contesta: “Lo sé, mi comandante”.
El militar continua su parlamento: “Tenéis que comprender que
tenemos que ponerle cara al otro lado y ser los malos de la película”.
Al final le recuerda al traductor que hace dos meses “no había nada” y,
en cambio, “ahora tenéis dos posibilidades y quién sabe si, a lo mejor,
en un momento dado, dicen que una no excluye a la otra. Pero, de
momento, han dicho que, si sigues por un lado, hay que renunciar al
otro”.
Arsenio García Cores, abogado experto en Derecho de asilo,
consultado por este periodista, asegura que “se trata de un derecho
humano que entra en la esfera personal de cada uno y que nadie puede
disponer de él”. El derecho de asilo “nunca puede ser una moneda de
cambio impuesta por otra persona o institución ya que eso sería
coacción”.
El abogado considera que el Ministerio de Defensa ha podido cometer
un delito de coacción porque la orden a los militares tiene como
“objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental” (artículo 172.1
Código Penal). Aunque también, por su calidad de funcionarios, su
comportamiento encaja en delitos establecidos en los artículos 511 y 542
del mismo código que establecen pena de inhabilitación para quien
“impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos
por la Constitución y las Leyes”.
El 14 de septiembre, a las 17, 26 de la tarde, este periodista
recibió un mensaje de la dirección de comunicación del Ministerio de
Defensa en el que se le aseguraba que “el procedimiento de asilo no lo
podemos tramitar en Defensa porque no tenemos la potestad para hacerlo
ya que depende de Asuntos Exteriores”.
Por eso sorprende tanto que haya podido salir del Ministerio de
Defensa una orden mediante escrito oficial (571130917092957Z) y con
número de origen 230-3-132054, tal como consta en el acta firmada en
Qala-e-now que da fe de la reunión del traductor afgano y los militares
españoles, que establece que los traductores tienen que elegir entre
trabajar o aspirar al derecho de asilo.
Fuentes consultadas del Ministerio de Defensa han admitido que la
orden existió, pero que fue mal interpretada por alguien en la cadena de
mando y que se está investigando, y que por ello ha sido anulada.
Aunque no especifica si se anuló antes o después de que este periodista
se pusiera en contacto con la dirección de comunicación del organismo.
El traductor que se negó a firmar el memorándum secreto realizó su
último convoy la madrugada del jueves 19 de septiembre, horas después
de asistir a la reunión con los militares de la que se informa en este
artículo.
Diez y siete horas después llegó a la base de Herat cansado, sucio y
hambriento. Se le ordenó cambiarse de vestimenta al bajar de su
vehículo blindado, entregar su uniforme, su chaleco antibalas y su casco
y abandonar la base militar inmediatamente.
Como ya era de noche llamó a su hermano pequeño para que le mandase
un taxi de confianza que le permitiera transitar por la carretera del
aeropuerto hasta la ciudad, muy insegura cuando oscurece.
Ayer recibió nuevas amenazas de muerte de los talibanes. Un vecino
de su aldea le trajo un mensaje explicito: “O pagas 20.000 dólares (la
misma cantidad exigida antes de quemarle la casa en agosto) o morirás
como un perro”
